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Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son una colección de juzgados en cada partido judicial de España que conocen de la materia relacionada con la violencia sobre la mujer. Los Juzgados fueron establecidos por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 (La Ley Orgánica 1/2004).

Estadísticas sobre la violencia doméstica
En 2002, el Ministerio del Interior observaron a 74.829 casos de malos tratos en el ámbito familiar, 18.476 varones y 56.353 mujeres fueron víctimas. Estos números aumentaron en 2003 un 11,4% a 19.350 varones y 64.044 mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España, un 45,8% de las víctimas masculinas y un 78,2% de las víctimas femeninas fueron maltratados por su cónyuge. En 2004, los datos de violencia doméstica aumentaron un 14,2% en total a 74.140 víctimas femeninas y 21.109 víctimas masculinos. En ese año, murieron 72 mujeres y 31 varones en el ámbito familiar por violencia doméstica.

Ángela Gonzalez Carreño v. España
Uno de los más notables casos que precedió la Ley es el caso de la familia Gonzalez Carreño. Ángela Gonzalez Carreño se mudó de su residencia con su esposo, F.R.C., en 1999 porque sufrió debajo de su violencia física y psicológica. En noviembre de ese año, el tribunal ordenó una separación entre la pareja, concedió custodia de la hija de tres años a Ángela, y ordenó visitas supervisadas limitadas entre F.R.C. y la hija, Andrea, además que el requisito de la pensión alimenticia. Después de la prueba experimental de la separación, F.R.C la acosaba, la insultaba, y la amenazaba en frente de la niña y la policía. En octubre de 2000, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Coslada cargó a F.R.C. con el asecho de Ángela y tuvo que pagar una multa de 45 euros.

Durante los dos años siguientes, Ángela reportó que las amenazas y la violencia psicológica aumentaron y pidió que las visitas supervisadas sean menos frecuentes. A pesar de algunas incidentes de violencia de F.R.C., las visitas supervisadas siguieron hasta 2002, cuando los juzgados decidieron permitir visitas no supervisadas con Andrea. En abril de 2003, F.R.C. le dijo a Ángela que le iba quitar lo que le importaba al máximo. Ese mismo día, cuando Ángela iba recoger a Andrea de la oficina de servicios sociales, ni Andrea ni F.R.C. aparecieron. Ángela informó a la policía, quien investigaron la situación en la casa de F.R.C.. En la casa, la policía encontraron los cuerpos muertos de la hija Andrea y F.R.C., quien tenía una arma en la mano. En 2004, Ángela Gonzalez Carreño presentó con el Ministerio de Justicia una declaración de compensación por error judicial, y afirmó que las organizaciones judiciales y los servicios sociales fallaron proteger la vida de Andrea. En 2005, el Ministerio de Justicia declaración.

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Entre 1995 y 2003, en el derecho español había producido legislación contra la violencia de género, como la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal de España, y la Ley Orgánica 11/2003, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros. En 2004, el gobierno de España aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ante el aumento de violencia en los años precedentes. El primer artículo original, el objeto de la Ley, se encuentra debajo. De esta Ley se establecieron los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
 * 1) "La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
 * 2) Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.
 * 3) La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad."

Establecimiento, Poder y Jurisdicción
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se establecieron para garantizar que los casos de violencia sobre la mujer tendrían un tratamiento adecuado y eficaz. En cada partido judicial de España, habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que tiene jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido.

La competencia de los juzgados incluye el “homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación,” que se ha cometido contra la mujer o los menores o incapaces que conviven con el acusado. Los Juzgados pueden conocer en el orden civil los asuntos de filiación, maternidad, y paternidad, de nulidad del matrimonio, separación, y divorcio, y de adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.

Los Juzgados tienen competencia exclusiva cuando ocurran simultáneamente las materias mencionadas y se haya “iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.” Los Jueces tienen el poder de establecer medidas legal para garantizar la seguridad de las víctimas.

Jueces
Una fórmula de especialización dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, crea lo Juzgados de Violencia sobre la Mujer para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de cada caso. Esta especialización incluye un conocimiento de la instrucción y el "fallo de las causas penales" relacionadas con la violencia sobre la mujer.

Crítica
El establecimiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer fue apoyado por varios organizaciones para los derechos de las mujeres, como Red Feminista. En diciembre de 2005, el 45,1% de la población total tuvo confianza en la eficacia de la ley para facilitar la recuperación de las víctimas. Según noticias sobre las estadísticas en España, desde la aprobación de la ley y hasta 2011, los juzgados en España declararon 145.000 veredictos contra agresores masculinos.

Además, en los seis años que siguieron la aprobación de la ley, los jueces concedieron protección especial a 140.000 mujeres, o el 73% de los solicitudes. Oponentes de la ley incluyen la Asociación Profesional de la Magistratura. En una declaración, el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, decidió que la Ley en que se base los Juzgados viola el principio de la igualdad establecido en la Constitución.

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