User:Carwil/Privatization in Bolivia

The major wave of privatization of Bolivian state enterprises was begun in the first presidency of Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). In contrast with traditional privatization, in which the entire enterprise is sold off, this process—called "capitalization"—only sold 50% of the equity in each firm. It sought to attract foreign capital and business experience to manage former state enterprises. The remaining 50% of the shares would remain in public hands through the government-run Pension Fund.

Privatizations under Jaime Paz Zamora
The first wave of privatizations in Bolivia was during the government of Jaime Paz Zamora (1989-1993). Shares of 34 medium-sized state enterprises were sold in public offerings. The objective was to reduce the government's fiscal deficit and use the revenues for health and education programs. The companies were sold as-is, and the state took charge of future benefits for their works. Nonetheless, the state's role in the economy remained significant and many state enterprises continued to operate at a loss.

Capitalization program
Ante la oposición del electorado a una profundización del proceso de privatización, el MNR diseñó un sistema de privatización con marcadas diferencias e inauguró la segunda ola de privatizaciones en Bolivia, llamado Capitalización, dirigido a reducir la participación del Estado en la economía a través de empresas estatales en cinco sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones y transportes (ferrocarriles y aviación).

La Capitalización se llevó a cabo a través de la Ley de Capitalización de 21 de marzo de 1994. La Capitalización tenía cuatro objetivos: (1) atraer capital extranjero a gran escala; (2) acelerar el proceso de creación de empleo; (3) transferir el control gerencial al sector privado para incorporar mejoras tecnológicas y de gestión; (4) crear un mecanismo de ahorro para la población para que ella pueda beneficiarse de los frutos de la capitalización, en lugar de usar estos en programas públicos.

En la Capitalización, a diferencia del proceso de privatización tradicional, no había una venta de activos, sino que el potencial inversor “compraba” acceso al 50% de las acciones en lugar de al 100% del valor de la empresa, pero se le otorgaba pleno control gerencial. En segundo lugar, no había un venta como tal, en vista a que el Tesoro General de la Nación no recibía el producto de esta transferencia. En lugar, de ello los montos ofertados por las empresas capitalizadoras debían ser invertidos en las nuevas empresas público-privadas en cronogramas pre-acordados. El cuadro 1 sintetiza el resultado de la capitalización. Nótese que la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) fue dividida en tres (Corani, Guaracachi y Valle Hermosos); la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) en dos (Andina y Oriental) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en tres (Andina, Chaco y Transredes). Las empresas fueron evaluadas por consultoras independientes y subastadas. Fuente: Finalmente, un aspecto clave de la Capitalización era su intención que las reglas de funcionamiento de los mercados sean transparentes y donde el rol del Estado seria el de “regulador.” Con tal motivo se desarrolló un sistema regulatorio al crear el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).

Results
La capitalización fue una de las políticas más controvertidas del Gobierno de Sánchez de Lozada. Hubo críticas sobre los motivos por los que se llevó a cabo, la manera en la que fue implementada y sus resultados.

Sobre los resultados, varios estudios demuestran que, por lo general, las empresas capitalizadas mejoraron su productividad, se ampliaron servicios —especialmente en telecomunicaciones y electricidad— y que la inversión extranjera aumentó. Sin embargo, no se llegaron a generar los empleos esperados —se redujo personal, pero se incrementó el salario de los empleados—, los impuestos pagados por las empresas capitalizadas no lograron sustituir los ingresos que antes reportaban al gobierno. Tampoco se logró disminuir la corrupción. Finalmente, los costos sociales fueron altos en vista al incremento de tarifas y las movilizaciones de protesta que estas ocasionaron.

Durante el Gobierno de Evo Morales, entre 2008 y 2010, se revirtió en parte la privatización al nacionalizarse la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y las petroleras (Chaco y Andina, cuadro 1) para reconformar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).